Economía en tiempos de transición


En el periodo de 1973 a 1985, la sociedad española se vio obligada a hacer frente, de manera paralela, a las especiales y complejas condiciones derivadas de los cambios políticos, que pretendían alcanzar la democracia y a una profunda crisis económica que azotaba la economía mundial, caracterizada por las altas tasas de desempleo e inflación, un crecimiento del producto interior bruto demasiado lento y una inversión negativa. El sueño de la sociedad española de alcanzar un mejor nivel de vida tras el fin del régimen franquista parecía inalcanzable.

Teniendo en cuenta que España contaba con una industria poco competitiva, vieja e ineficiente, con una sobre especialización en sectores considerados de demanda débil, una fuerte dependencia energética exterior y una sociedad que carecía de convicciones firmes sobre las ventajas de la estabilidad monetaria, nuestro país sufrió de manera intensa la recesión económica, que se manifestó con toda crudeza en los precios (elevándose hasta un 40 por ciento en el verano de 1977) y en pérdidas millonarias de reservas, producidas por un espectacular déficit exterior y en el empleo, con una media de 250.000 despidos al semestre.

La aprobación de la Constitución dio paso al fin de la etapa más complicada de la transición hacia la democracia. Tras la celebración de las elecciones, Adolfo Suárez formó su nuevo Gobierno, contando con Fernando Abril Martorell en la vicepresidencia económica.

Lamentablemente los Pactos de Moncloa sólo aportaron una pequeña bocana de aire para la economía, que en 1979 se vio arrasada por la subida de los precios del petróleo acordada por la OPEP y por la instauración del régimen iraní. La historia económica de los años 1979-82 se caracterizó por la lucha contra el continuo empeoramiento de las condiciones económicas que afectaban de forma directa al empleo.

Abril Martorell quiso hacer conocedora en todo momento a la población española de la pésima situación "La sociedad tiene que comprender, y el Gobierno ha de insistir en ello, que las alzas de precios de los crudos del petróleo imponen un empobrecimiento real de los países importadores, que expresan una transferencia de recursos a favor de los países exportadores y todo ello en una reducción de la renta disponible en términos reales para el conjunto de los españoles”.

Martorell desarrolló una exhaustiva actividad legislativa que se conformó con la firma del Acuerdo Interfederal entre la CEOE y UGT, la entrada en vigor el Estatuto de los Trabajadores, el Plan Energético Nacional, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y la Ley Básica del Empleo. El Banco de España fue el encargado de enfrentarse a la inflación, que englobaba la responsabilidad sobre el tipo de cambio y las tasas de interés  y a la resolución de la crisis, llegando a lograr ambos proyectos: impidió que los precios se desbocasen y evitó la quiebre del sistema financiero.

Se profundizó en la reforma fiscal, con nuevos textos sobre imposición directa e introduciendo el IVA, se revisó el Plan Energético Nacional, se avanzó hacia la liberalización del mercado de trabajo y se propusieron a las Cortes los primeros planes de reconversión industrial de los sectores en crisis. El nuevo objetivo era ahora la adhesión española a las Comunidades Europeas.

Quizás la causa de la incapacidad de levantar la economía, pese a todas las medidas implantadas, fue la poca atención que se destinó a los problemas macroeconómicos, de tal forma que, por ejemplo, en el campo de la política industrial no se diseñó ninguna estrategia global para hacer frente a la crisis de desindustrialización que sufría el país.

La dimisión de Adolfo Suárez y el golpe de Estado del 23 de febrero hicieron girar las tornas poniendo a un lado el problema económico, colocándose ahora el punto de mira en la consolidación de la democracia y la defensa de la Constitución.

Más adelante, con Miguel Boyer en el Ministerio Economía y Hacienda, la lucha contra la inflación se convirtió en el objetivo número uno llevándose a cabo la "nueva política industrial" que se plasmó en la Ley de Reconversión y Reindustrialización de julio de 1984, cuyos principales objetivos eran la modernización tecnológica de las empresas y la reorientación de su especialización productiva, buscando la mejora de su competitividad y productividad,  un rápido ajuste en la capacidad de las instalaciones y en las plantillas para configurar unidades de producción con dimensiones adecuadas, el freno al trasvase de fondos públicos hacia las empresas en crisis y la contención de la desindustrialización progresiva de la economía española. Los elementos más innovadores a destacar de la nueva política  fueron la creación de los Fondos de Promoción de Empleo (que permitían el tratamiento de jubilaciones anticipadas y proporcionaba una amplia cobertura de protección laboral) y la existencia de subvenciones a fondo perdido, créditos "blandos" y "préstamos participativos" para estimular nuevas inversiones en sectores de futuro.

Finalmente, la recuperación de la industria española comenzó de manera un tanto tímida en 1985, consolidándose en los años siguientes. Se hizo evidente el crecimiento del PIB y de la producción industrial, con una tasa media del 4,3 y del 4,2 por ciento respectivamente; la evolución ascendente de la producción fue acompañada por un comportamiento similar de la demanda industrial y del empleo, aunque con tasas más modestas. Simultáneamente tuvo lugar una reasignación de los recursos productivos hacia los sectores de demanda más dinámica.



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